Paula Ruiz
“Yo al PAC ya le dije que son inútiles y carebarros y con el comportamiento con este proyecto, se ganaron ser hipócritas”.
Esa formó parte de la defensa del socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, durante la discusión del proyecto que pretende girarle ¢162 millones a la Asociación Obras del Espíritu Santo.
La iniciativa inició su discusión en segundo debate, después del aval de la Sala Constitucional donde fue enviada a consulta por un grupo de legisladores, principalmente del Partido Acción Ciudadana (PAC).
Por tal razón, Abarca consideró que el oficialismo se encargó de entrabar la iniciativa, debido al atraso que implicó la consulta ante el ente constitucional.
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“¿Por qué dilataron tantos meses una cosa que el mismo gobierno avala? ¿Ahora van a pedir que lo veten?”, sentenció.
Religión en medio
Para quienes defienden el giro de recursos públicos, el atraso en el proyecto tiene tintes de persecución política.
“Aquí solo están al vaivén de las conveniencias y con una persecución a toda cosa que huela a religión, ¿cuál es el problema?”, reclamó el socialcristiano.
“El fondo es que la dirige un sacerdote, ese es todo el pleito, ¿y la obra? ¿y el impacto social?”, siguió Abarca.
En esta misma línea, continuó el independiente Jonathan Prendas, quien consideró que el atraso se debe a que la Asociación es dirigida por el sacerdote Sergio Valverde.
La oficialista Paola Vega, fue la principal opositora de la iniciativa, con argumentos relacionados con que la Asociación no está al día con sus contribuciones tributarias, así como presuntas irregularidades en trato hacia el personal y los menores de edad.
Vega catalogó la iniciativa como política de clientelismo y de rompope, al recordar que los menores son utilizados para cantarle villancicos a los diputados.
Asociación Obras del Espíritu Santo, liderada por el sacerdote Sergio Valverde, se define como “una institución de bien social, de inspiración católica” que atiende la alimentación de aproximadamente 70.000 menores de edad.
La iniciativa aún no ha sido sometida a votación, porque el Congreso decidió continuar con la discusión del proyecto de marchamo.
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