Paula Ruiz
La diputada Paola Vega junto con legisladores de otras fracciones plantearon suspender los apremios corporales contra personas deudoras de pensiones alimentarias y, más bien, crear un Fondo de Subsidio Nacional para Pensiones Alimentarias con dineros del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel).
En su ámbito de aplicación la propuesta busca beneficiar a aquellas personas deudoras que vieron reducidos sus ingresos de forma parcial o total por la emergencia nacional, declarada desde mediados de marzo.
Vega especificó en el proyecto de ley que, aquellas órdenes de apremio corporal giradas de previo al 1 de marzo del presente año, seguirán vigentes, en tanto, no existía en ese momento una afectación por la pandemia.
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“Para montos que debieron ser cancelados antes del primero de marzo de dos mil veinte, todas las formas de cobro coactivo pueden ser solicitadas por las personas beneficiarias alimentarias o sus representantes”, establece el proyecto.
El levantamiento del apremio se realizará, cuando la persona deudora tenga una variación en su condición económica, la cual deberá ser informada a las autoridades judiciales.
La propuesta de Paola Vega, diputada PAC cuenta con el respaldo de legisladores de otras bancadas. Foto: Asamblea Legislativa.
El subsidio
Para no afectar a hijos e hijas de personas deudoras de pensión alimentaria, Vega propone que se otorgue un subsidio establecido a través del Fondo de Subsidio Nacional para Pensiones Alimentarias.
“El monto del subsidio mensual será establecido por el juez o jueza que conozca el proceso judicial previsto en esta ley y no podrá ser inferior al monto de cuota alimentaria mensual del expediente concreto, con un tope máximo de trescientos mil colones por persona beneficiaria alimentaria”, señala el artículo 12 de la propuesta.
Esos dineros saldrían de la contribución especial parafiscal de operadores y proveedores de telecomunicaciones, que son girados a Fonatel.
La oficialista planea que esos tractos sean los equivalentes al día 15 de los meses de junio, setiembre y diciembre de 2020.
Teniendo en cuenta lo anterior, para que su aplicación sea efectiva, el proyecto debería aprobarse esta semana, pues el próximo lunes es 15 de junio.
Recursos públicos para aspectos privados
El economista Eli Feinzaig criticó la propuesta en el punto de que el financiamiento del subsidio sería a través de recursos públicos para aspectos de índole privado.
“Uno no puede tomar recursos públicos para llenar obligaciones de ciudadanos privados, eso simple y sencillamente está prohibido por la ley costarricense”, indicó en sus redes sociales.
Feinzaig también señaló el origen de los fondos para el subsidio, pues se trata de dineros destinados a llevar el servicio de internet y banda ancha a comunidades alejadas del país y además, beneficiar a familias en condición de pobreza con este servicio.
Aunque el economista avala el propósito, consideró que esa no es la forma de llevarlo a cabo.
El proyecto de ley se tramitará en la Asamblea Legislativa mediante el número de expediente 22.019.
La propuesta de Vega se suma a otros cuatro iniciativas relacionadas con pensiones alimentarias que se estudiarán en el Congreso.
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