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Crédito con el FMI necesita aprobación del Congreso según Procuraduría

El crédito por $505 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría que pasar por la aprobación de la Asamblea…

Por Christine Jenkins Tanzi

Tiempo de Lectura: 3 minutos
Crédito con el FMI necesita aprobación del Congreso según Procuraduría
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El crédito por $505 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tendría que pasar por la aprobación de la Asamblea Legislativa, a pesar de hacerse directamente con el Banco Central de Costa Rica, según aclaró la Procuraduría General de la República.

Hoy la Procuraduría contestó la solicitud de aclaración de los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios acerca del préstamo. La presidenta del órgano Silvia Hernández dijo la semana pasada que buscaba una aclaración sobre el caso, que “a todas luces” no necesita pasar por la Asamblea Legislativa, como sí tendría que hacerlo un préstamo del Gobierno.

El procurador Alonso Arnesto contestó en el oficio del 29 de julio que en su criterio el proyecto de ley no presenta problemas de constitucionalidad, pero recomendó que se cambie su título para “darle coherencia” con el objeto de la iniciativa que se busca aprobar: un empréstito público.

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Al solicitar la opinión, la diputada Hernández dijo que la duda surgía porque el acuerdo con el FMI se debe llevar a cabo a través del Banco Central, quien recibirá los desembolsos en sus cuentas y suscribe un Acuerdo de Entendimiento con el Ministerio de Hacienda para acordar el traslado de las responsabilidades.

Además no tienen un contrato de préstamo normal dado que las características se rigen  por el Convenio Constitutivo, al que Costa Rica se adhirió en 1945.

“La Constitución es muy clara en señalar que la Asamblea Legislativa lo que hace es una autorización de un contrato de crédito, entonces yo quisiera saber cómo procede en este momento cuando lo que Asamblea no autoriza el endeudamiento, lo que autoriza es el contrato del crédito que ciertamente, como usted lo señala, no existe”, había dicho Hernández.

Cambien el nombre

La sugerencia del Procurador, que aclaró no es vinculante, sería que por vía de moción se sustituya el término autorización por el de aprobación en el nombre del proyecto.

El título actual es:

Autorización al Gobierno de la República de Costa Rica para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia COVID-19

Según el ente procurador con las condiciones pactadas no queda duda de que el IFR constituye un empréstito cuyos elementos esenciales, como el monto del crédito, tasa de interés, plazo, quedan claramente definidos y no podrían variarse por el Gobierno una vez votado afirmativamente el proyecto de ley.

“La Procuraduría entiende que el término empleado en el título del proyecto y que recoge el enunciado y el texto de la disposición transcrita, al hablar de autorización para concertar un crédito con el FMI, en lugar de aprobación, es lo que ha generado la duda de si, en efecto, le corresponde a la Asamblea Legislativa su conocimiento en este momento”,

“(Esto) por interpretar que se trata de una habilitación al Poder Ejecutivo para negociar o celebrar dicho contrato – habilitación que no necesita al amparo del artículo 140.10 constitucional – ajena a la labor tutelar sobre el endeudamiento del Estado que con arreglo al artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política lleva a cabo el Congreso a través del acto de aprobación de los convenios o empréstitos ya celebrados o suscritos por el Gobierno”, considera en la opinión.

Por lo tanto, la Asamblea Legislativa de acuerdo con la Constitución Política, está facultada y obligada a conocerlo y someterlo a su aprobación.

“Finalmente, su aprobación o no, forma parte del arbitrio que la Constitución le confirió
en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales”, agregaron.

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Esta sería la segunda opinión en este sentido, después de que un informe del Departamento de Servicios Técnicos consideró que tiene que ser tramitado por la Asamblea.

Hernández solicitó la opinión de la Procuraduría, la Contraloría y el Departamento de Servicios Técnicos para que analizaran cómo debe proceder la Asamblea.