Tomás Gómez
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) zanjó definitivamente el proceso que seguía contra el sistema judicial de Costa Rica. En el caso, 17 personas condenadas en tribunales costarricenses acusaron al país por supuestamente violar su derecho a la defensa.
Los implicados estuvieron relacionados con casos de la quiebra y desaparición del Banco Anglo, narcotráfico y otros delitos. Adujeron que la falta de una vía de apelación violaba sus garantías.
La denuncia se presentó ante la Comisión Interamericana en el 2014. Posteriormente se elevó a la instancia de la Corte. Pero este lunes la Corte cerró el proceso.
Según la sentencia final, emitida en abril del 2018, los cambios efectuados por el país tras la condena por el caso del periodista Mauricio Herrera eran suficientes para que los condenados pidieran una revisión de su caso.
Un fallo en contra del país hubiera implicado la reapertura de 110.000 juicios.
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Cumplimiento final
La Corte falló a favor de Costa Rica, pero igual le señaló responsabilidades. (Corte IDH)
Aunque el Estado costarricense salió airoso, como parte de la sentencia se le responsabilizó y sentenció a:
- publicar y difundir la resolución integral y su resumen
- indemnizar con $7.000 a Jorge Martínez, por haberse extendido la prisión preventiva cuando se le juzgó por problemas en el manejo del Fondo de Compensación Social
- pagar $18.000 por costas del proceso
- reponer $5.700 al Fondo de Asistencia a las Víctimas
A más de un año de emitido el fallo, la Corte IDH consideró que dichos puntos ya fueron cumplidos a cabalidad, por lo que el expediente quedó completamente cerrado.
La decisión fue notificada el lunes al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se celebró el acuerdo.
“Tras la decisión comunicada por la Corte, el resultado final de proceso es sumamente positivo y satisfactorio, toda vez que Costa Rica logró demostrar que el sistema de impugnación penal brindó los recursos idóneos para la revisión integral del fallo”, indicó la Cancillería.
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