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Corrales y Guido, voceros de bloqueos, denunciados por obstrucción e instigación

José Miguel Corrales y Célimo Guido, promotores de las protestas y bloques de los últimos días, fueron denunciados ante el…

Por Tomás Gómez

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Corrales y Guido, voceros de  bloqueos, denunciados por obstrucción e instigación
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José Miguel Corrales y Célimo Guido, promotores de las protestas y bloques de los últimos días, fueron denunciados ante el Ministerio Público.

Se les imputa los delitos de obstrucción de vía pública, entorpecimiento de servicios públicos e instigación, según denuncia presentada este martes al Poder Judicial.

La acción fue interpuesta en la Fiscalía, confirmó el abogado Ewald Acuña, del bufete que lleva el caso y cuyo promotor es el también jurista, Carlos Valenciano.

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La Fiscalía también confirmó que 12 personas están imputadas en causas relacionadas con las protestas y bloqueos de vías.

Según datos entregados por el Ministerio Público, las acciones denunciadas ocurrieron en las provincias costeras. Incluso, hay menores de edad imputados.

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Las autoridades han llegado a reportar hasta 60 bloqueos, de pocas personas en varios casos (Cortesía)

Antecedentes de Guido

La participación de Célimo Guido en este tipo de conflictos no es nueva y ya lo ha puesto en conflictos con la ley.

El exdiputado dirigió en el julio del 2002 otras violentas protestas contra la llegada de Riteve al país que lo llevaron a juicio.

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Según reportó La Nación en el 2006, tanto Guido como la educadora Rocío Céspedes fueron codenados a un año de prisión por obstrucción de vías -no fueron a la cárcel por beneficios recibidos- y al pago de ¢15 millones.

¿A qué se exponen?

Los delitos achacados por la denuncia a Corrales y Guido están contemplados por el Código Penal con las siguientes características:

  • Obstrucción de vías públicas: se comete al dificultar el tránsito y valerse de medios como materiales, escombros y otros instrumentos peligrosos. Se castiga con entre 3 y 30 días multa.
  • Entorpecimiento de servicios públicos: se pena de 6 meses a 2 años el entorpecer, impedir o estorbar el funcionamiento del transporte.
  • Instigación pública: pena de 6 meses a 4 años por motivar la realización de actividades ilícitas aún y cuando estas no se concreten.

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