Tomás Gómez
Diputados de diversas fracciones no escatimaron en adjetivos para calificar a la Corte Suprema, luego de que los magistrados decidieran combatir la orden de la Contraloría General de la República (CGR) que los obligaba a cumplir con el recorte a los pluses salariales impuesto por el Plan Fiscal.
“Privilegios odiosos”, “olimpo” y “beneficios asquerosos” fueron parte de los términos seleccionados.
Aunque la Asamblea Legislativa sigue en receso, varios de sus integrantes expresaron su desacuerdo con el acuerdo al que llegaron la mayoría de los magistrados.
Mientras algunos adelantan procesos judiciales otros preparan desde ya controles políticos fuertes.
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Eximidos del Plan Fiscal
La polémica en el Poder Judicial arrancó diez meses atrás cuando los magistrados acordaron no aplicar los ajustes salariales indicados por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a aquellos empleados que hubieran sido contratados antes del 4 de diciembre del 2018 –fecha en que entró en vigencia la ley-.
La medida fue atacada por la Contraloría, que el 20 de diciembre anterior ordenó a la administración judicial cambiar el cálculo de las remuneraciones de sus funcionarios según los parámetros de la reforma fiscal.
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Tras el receso de fin de año, la Corte Plena dedicó la sesión del lunes a analizar el pronunciamiento del ente contralor, el cual no fue de recibo para la mayoría de los magistrados.
En una votación de 16 a 1, los altos jueces instaron al presidente judicial, Fernando Cruz, a iniciar un proceso legal para traerse abajo la disposición de la CGR
Fiscalía investiga el caso
Por la decisión de eximirse de las regulaciones salariales del Plan Fiscal el diputado socialcristiano Pedro Muñoz denunció en la vía penal a 14 magistrados el 20 de agosto.
Tras el acuerdo del pasado lunes, Muñoz reiteró su molestia y lo calificó de “delito”.
“Esta cabezonada de la Corte lo que implica es la confirmación de que hay un delito y por ende este asunto debe resolverlo institucionalmente la Fiscalía”, planteó.
Según el rojiazul, “se confirma la tesis de que lo que correspondía era poner una denucia, ese es el camino correcto”.
Ante la consulta de El Observador, la Fiscalía confirmó que la denuncia está en etapa de investigación bajo el expediente 18-000176-033-PE por los delitos de enriquecimiento ilícito y administración irregular.
El procedimiento se desarrolla junto al 18-000171-0033-PE y abarca a un total de 20 magistrados y exmagistrados.
Más molestias
Una molestia similar manifestó Zoila Rosa Volio, representante de Integración Nacional (PIN) para quien los magistrados no han querido hacer un sacrificio como el que hacen el resto de las personas y otras instituciones.
“¿Qué parte no han entendido de que ellos son ciudadanos costarricenses comunes y silvestres pagados por fondos públicos? Ellos no son una transnacional, les pagamos todos los costarricenses y tienen que rendirnos a todos nosotros. No vamos a permitir que se les trate con un privilegio asqueroso”, declaró.
Volio anunció un intenso control político en contra del Poder Judicial una vez que el Parlamento retome funciones la próxima semana.
Finalmente, la jefa de fracción liberacionista Silvia Hernández lamentó el manoseo que se pretende hacer de la normativa.
“Aprobar una reforma es una gran tarea pero sin su correcta aplicación de nada sirve. Si en el camino se sacan instituciones, se llena de exenciones o no se cumple, el proceso no sirvió de mucho”, comentó la coordinadora de la bancada mayoritaria del Congreso.
“Las medidas son para todas las instituciones, y no se pueden mantener privilegios odiosos como los de este caso”, concluyó.
Colaboró el periodista Paulo Villalobos
