Redacción El Observador
La Contraloría General de la República señaló fallas en los controles implementados en el proceso de entrega de 89.000 paquetes de víveres, en 15 cantones, por la emergencia del COVID-19.
De acuerdo con una auditoría, se identificaron 1.022 casos en los cuales se entregaron más de un paquete a una misma persona. Lo anterior, “sin un control que defina formal y uniformemente la pertinencia de tal condición”.
“Destacan los casos de Tibás (519), Desamparados (235) y San Rafael (116); mientras que existe el riesgo de que ciudadanos de otros cantones podrían estar limitados a recibir únicamente un paquete”.
Así se señala en el segundo reporte emitido por el órgano contralor sobre las actividades de control realizadas por Comités Municipales de emergencia, CNE, MEP e IMAS, en la distribución de víveres con motivo de la emergencia sanitaria nacional.
Los cantones revisados fueron Desamparados, Tibás, Goicoechea, Turrialba, La Unión, San Rafael, Sarapiquí, Matina, Pococí, Esparza, Quepos, Grecia, San Ramón, Cañas y Tilarán.
De acuerdo con la información, entre marzo y agosto 2020, se entregaron alrededor de 89.000 paquetes de víveres por un monto estimado de ¢6.188 millones
Debilidades identificadas
Explica, por ejemplo, que la herramienta de control más usada fue la declaración jurada. Dice que en 79 solicitudes de las 285 revisadas, la justificación aportada para otorgar el paquete de fue por despido o reducción de la jornada laboral.
No obstante, la herramienta carece de información mínima tales como el lugar de trabajo, fecha de despido o cese de funciones
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También habla la Contraloría que no hay uniformidad en la cantidad de paquetes que se entregaron a un mismo núcleo familiar.
Dice que mientras hay un comité que ha establecido su propia frecuencia de entrega, otros entregaron un segundo paquete de víveres a las personas del sector turismo (con la autorización de la CNE).
“Y otros han tomado la decisión de asistir por segunda vez a los grupos familiares que presentaban mayor condición de vulnerabilidad”, dice el informe.
Indica además que el Protocolo general para la distribución de alimentos emitido por el MEP, establece que, para la entrega de los paquetes se debe utilizar el formulario denominado “Control de entrega de paquetes de alimentos”.
En dicho formulario se debe consignar la firma del padre, madre o encargado del estudiante que recibe el beneficio, como constancia del recibido conforme del paquete.
“Sin embargo, omite solicitar la identificación y firma de la persona que recibe el paquete, lo cual representa un riesgo de que cualquier persona retire el beneficio, sin corresponderle, y la alimentación no llegue a la población estudiantil beneficiaria”.
Centros de Cuido
En cuanto a la entrega de víveres en 17 Centros de Cuido y de Desarrollo Integral (Cecudis) de 15 cantones, la Contraloría identificó que,
- 6 de 17 no disponen de la información sobre el costo total y la cantidad de los paquetes entregados.
- En 6 de 15 presentaron informes incompletos a la Unidad local de desarrollo social del IMAS. Aunado a lo anterior, 2 CECUDIS no presentaron dichos informes
- Ninguno ha recibido revisión, seguimiento y evaluación de la ayuda canalizada a la población por parte de las unidades locales de desarrollo social del IMAS.
Este es el segundo reporte sobre ejecución del programa y al finalizar el proceso se emitirá un informe de la auditoría.
El 20 de agosto anterior, la Contraloría señaló que la carencia de coordinación interinstitucional para la entrega de alimentos pudo interferir para que las ayudas llegaran a los más necesitados.
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