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Contraloría: país carece de información sistematizada para garantizar seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria es el estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente de acceso…

Por Marco Marín

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Contraloría: país carece de información sistematizada para garantizar seguridad alimentaria
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La seguridad alimentaria es el estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan (…) “garantizándoles su bienestar personal”.

De esa forma define la Contraloría General de la República, la disponibilidad de comestibles para el consumo de la población. No obstante, una reciente auditoría halló que el país carece de información sistematizada para garantizar la seguridad alimentaria.

Según el informe N° DFOE-EC-IF-00022-2019, “el país no dispone de mecanismos ni de información sistematizada que permita a las Autoridades de Gobierno, determinar si existe o no suficiencia en materia de disponibilidad de alimentos”.

“Tampoco se ha determinado cuáles son los servicios críticos que debe brindar el sector agropecuario para contribuir a la disponibilidad alimentaria, por lo que en la actualidad la información disponible no permite tomar decisiones o monitorear metas sobre este tema”, agrega.

OBSERVE MÁS: 9% de alimentos del Programa de Abastecimiento Institucional reprobó controles de calidad

Entre tres y cinco meses

Una reciente inspección del CNP encontró que el 9% los productos que los suplidores del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI) entregan a sus clientes, no pasaron las evaluaciones de calidad. (Archivo)

El ente contralor solicitó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) datos sobre las reservas de alimentos disponibles a junio de 2019 a nivel nacional, con el fin de evitar crisis alimentarias.

De cinco productos solicitados, y considerados relevantes para la Canasta Básica Alimentaria Nacional, el MAG solo suministró la información para dos de ellos: arroz y frijoles. Los otros tres fueron pollo, tomate y repollo.

Si bien se cuenta con las cifras para los dos granos esenciales de la dieta costarricense, no son alentadores. En caso de una crisis a alguna de estas dos cosechas, apenas se cuenta con una capacidad máxima, equivalente, a 3,6 meses en el caso de los frijoles y de 4,7 en lo que concierne al arroz.

Casos como estos evidencian que el sector agropecuario carece de un seguimiento formal que permita determinar las necesidades reales de alimentos para garantizar la sostenibilidad de la producción y satisfacer la demanda interna de los mismos.

Todo esto es vital para “prevenir el riesgo de una crisis alimentaria nacional”, señala el reporte. En especial si se toman en consideración los efectos del cambio climatológico y sus efectos en la producción nacional.

Información suministrada por Conarroz, CNP, Cámara Nacional de Avicultores, PIMA y MAG

Cuatro factores

La Contraloría explicó que, para determinar el estado de la situación, se tomaron en consideración cuatro factores:

  • disponibilidad
  • acceso
  • consumo
  • utilización biológica

Para delimitar estas áreas, la Contraloría evaluó la eficiencia, entre el 1° de enero del 2018 y el 30 de junio del 2019, de los siguiente servicios públicos agropecuarios:

  • asistencia técnica: servicios de capacitación y educación brindados por el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el MAG
  • financiamiento y seguros: servicios créditos y seguros de cosechas o pecuarios ofrecidos por el MAG, Inder y el Instituto Nacional de Seguros
  • fomento a la producción de alimentos: servicios incrementar producción y mitigar efectos del cambio climático que ofrecen el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el MAG, el INTA y el Inder
  • sistema de comercialización: servicios de almacenamiento y distribución de productos agropecuarios impulsados por el MAG, el CNP, el PIMA y el Inder
Fuente: Contraloría General de la República

Falta de información y control

La auditoría señala que la falta de información no es la única amenaza que se cierne sobre la seguridad alimentaria del país. La asistencia tanto económica como de capacitación, “no responde a un mecanismo nacional y coordinado en beneficio del productor”.

A pesar de que, entre el 2017 y el 2019 el MAG destinó poco más de ¢42.000 millones, a un total de 6.692 productores agropecuarios, una reciente entrevista telefónica arrojó resultados diferentes a los esperados.

De una muestra de 87 personas, un 33,3% no pudo acceder a esta ayuda. El e 59,8% agregó no haber recibido información sobre investigaciones recientes ni sobre nuevas tecnologías.

De los que sí tuvieron acceso a la ayuda, el 58,6% de los entrevistados aseguró que no recibieron ningún plan de trabajo para el manejo de su producción.

La Contraloría ordenó al jerarca del MAG, Renato Alvarado, presentar la certificación donde se acredite la definición, formalización y divulgación de un mecanismo de coordinación para integrar las acciones interinstitucionales de los diversos actores..

Además el MAG deberá suministrar, a partir del 30 de junio de 2021, informes semestrales, por un periodo de dos años, donde se acredite el avance en la implementación del mecanismo.

En el sector agropecuario participan 11 instituciones y órganos con competencias vinculadas al tema.