Paula Ruiz
La Contraloría General de la República (CGR) sugirió a los diputados analizar las implicaciones fiscales que acarrea el préstamo por $550 millones para el Tren Rápido de Pasajeros (TRP), y otras implicaciones del proyecto como el subsidio anual que deberá transferir el Estado.
Así lo indicó a través de una opinión respondida a la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa, donde se analiza el proyecto de ley 21.958 que pretende la aprobación del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El ente contralor recordó que las finanzas públicas “han experimentado un deterioro progresivo” con una brecha de ingresos y gastos corrientes de 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2019 y que se agravó con el contexto de pandemia.
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Para este año se proyecta un déficit financiero de 8,6% del PIB y una deuda pública de 67% del PIB. El Ministerio de Hacienda también contempla que casi ¢1 billón (millón de millones) no entrarán a sus arcas.
“Derivado de lo anterior, es importante que la Asamblea Legislativa considere los posibles efectos fiscales del préstamo en análisis, así como de todas aquellas erogaciones por parte del Estado que se establezcan en etapas posteriores del Proyecto TRP, por ejemplo los pagos que el Estado haría al concesionario como subsidio en la fase de explotación en caso de ser requerido por el comportamiento de la demanda, lo anterior desde una perspectiva global de corto, mediano y largo plazo y bajo el citado contexto en el que se enmarcan las finanzas públicas” indica el documento.
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¿Y la pandemia?
El ente contralor también reconoció que el proyecto de ley no contempla la crisis fiscal que se vio agravada por la pandemia.
La iniciativa fue presentada el 4 de mayo anterior, casi dos meses después de iniciada la atención sanitaria de la emergencia por COVID-19.
“Resulta necesario para la valoración del presente proyecto de ley, que se analice cualquier posible afectación que pueda provocar al desarrollo del proyecto de TRP la compleja situación fiscal que presenta el país, máxime que en la exposición de motivos del proyecto de ley se indica que el impacto en las finanzas públicas del presente crédito no contempla los efectos derivados de la emergencia causada por la pandemia del COVID-19”, señaló.
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“Asimismo, no se incluye un análisis integral que contemple los riesgos financieros asociados, estimaciones de los aportes adicionales del Estado, así como la capacidad Estatal para cubrir obligaciones futuras, aspectos que se consideran relevantes para la toma de decisiones en relación con el financiamiento objeto del presente proyecto de Ley”, agregó.
Diputados de diversas fracciones reconocieron con anterioridad la existencia de dudas porque el proyecto no contempla el impacto de la pandemia, particularmente porque el Gobierno proyecta el traslado de 200.000 pasajeros diarios.
De igual forma, la principal preocupación tiene que ver con el subsidio estatal que oscilaría entre $50 millones y $150 millones con tal de que la tarifa sea “socialmente aceptable”, según Claudia Dobles, Primera Dama de la República.
Los congresistas aseguraron que la información sobre el monto exacto del subsidio será vital para su decisión final, pues solo así se podrá determinar si realmente es rentable.
“La pregunta es de dónde va a salir el dinero del subsidio, de más impuestos o más préstamos que disparen la deuda pública. Pienso que toda esta información es esencial para analizar costo-beneficio para el país”, consideró anteriormente Carmen Chan, diputada independiente.
Aquí puede descargar el criterio de CGR sobre el proyecto de tren eléctrico
