Paula Ruiz
La emergencia nacional que afronta Costa Rica debe llevar a la discusión de reformas estructurales del Estado, las cuales se han postergado por años.
Al menos así lo considera Marta Acosta, Contralora General de la República, quien declaró ante los diputados que la crisis debe ser una oportunidad para estudiar el aparato estatal.
Sus observaciones las realizó esta semana, durante una mesa de trabajo con los diputados de la Comisión de Hacendarios, en el marco del análisis del primer presupuesto extraordinario de la República.
Si de previo a la emergencia los recursos eran limitados, la situación podría agravarse, razón suficiente para buscar formas de ahorro dentro de lo público.
Instituciones y remuneraciones
Acosta declaró que la Contraloría General de la República (CGR) no se inclina por el cierre de instituciones, pero sí por su revisión.
Por el contrario, optan por la fusión de algunos entes con duplicidad de funciones o bien, la reformulación de su propósito.
“Vemos desde la Contraloría que el diseño estructural del Estado no está respondiendo, hay instituciones que han ido perdiendo el propósito, entonces reformulemos esos propósitos”, reconoció.
OBSERVE MÁS: Contraloría: gasto del Gobierno crecería un 5,7% en 2020, superando tope de la regla fiscal
La revisión del aparato estatal, no implica para la institución, el despido de funcionarios, sino más bien, revisar la estructura salarial así como el sistema de reclutamiento y selección de personal.
Con respecto de Empleo Público, el Gobierno quedó en enviar a la Asamblea Legislativa un texto sustitutivo, sin embargo, a la fecha, eso no ha sucedido.
“La Contraloría por muchos años ha sido insistente en reformas estructurales y cuando se discutió la reforma fiscal, la Contraloría fue insistente en que era el primer paso y ahora había que entrarle a otros”, recordó.
“Tenemos que tener un Estado que de la respuesta que necesita la sociedad”, agregó Acosta.
Otro de los puntos por valorar es el de exoneraciones, con tal de revisar si hay sectores que la requieren.
Para la Contralora, el tema de reformas estructurales del Estado no son solo competencia de la institución que representa, la Asamblea Legislativa y el Gobierno; más bien, instó a la creación de un “grupo pensante” que realice recomendaciones al respecto.
OBSERVE MÁS: Contraloría aprobó presupuesto extraordinario a la UCR por ¢48.789 millones
