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Confirmado primer caso de privado de libertad con COVID-19

Un grupo de cinco personas que permanecía en una celda del Poder Judicial fue traslada esta tarde al sistema penitenciario….

Por Tomás Gómez

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Confirmado primer caso de privado de libertad con COVID-19
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Un grupo de cinco personas que permanecía en una celda del Poder Judicial fue traslada esta tarde al sistema penitenciario. Pero una de ellas resultó positiva a la prueba del coronavirus.

Según informó el Ministerio de Justicia y Paz la persona requirió atención médica en un hospital de San José donde se le detectó el virus.

La situación no impidió que el resto de personas se mantuvieran detenidas y fueran trasladas al complejo occidente de la cárcel Jorge Arturo Montero en San Rafael de Alajuela (conocida como La Reforma), donde estarán aislados y bajo supervisión médica por un plazo de 14 días.

El contagiado, por su parte, guardará la misma cuarentena pero por 18 días.

Justicia indicó que en el mismo centro penitenciario se aplican en este momento protocolos especiales de limpieza, pues un exprivado de libertad que salió apenas el 26 de junio dio positivo al test.

“Desconocemos si el contagio ocurrió mientras la persona permanecía fuera del centro penitenciario. Hay que tomar en cuenta el período de incubación, por lo que nosotros activamos de inmediato los protocolos de atención preventiva”, dijo la viceministra Diana Posada.

OBSERVE MÁS: 763 reos y funcionarios de cárcel en San Rafael en aislamiento por policía positivo con COVID-19

Bajo la lupa

El 19 de abril se detectó un primer caso en la Policía Penitenciaria del complejo La Reforma, el cual implicó el aislamiento de 763 personas entre privados de libertad y funcionarios. Ministerio de Justicia.

La situación de las cárceles nacionales en medio de la pandemia ha generado alerta en diversas instituciones, por las condiciones particulares de los centros.

Desde abril pasado, la Defensoría de los Habitantes exigió a los ministerios de Justicia y Salud, así como a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la presentación de protocolos específicos para atender la amenaza.

El 2 de junio, la Sala Constitucional ordenó que se eliminara el hacinamiento crítico en la Unidad de Pensiones Alimentarias de La Reforma.

El Programa Estado de la Nación hizo un llamado a vigilar los espacios de encierro sobre todo a la luz de su capacidad colapsada, que en términos generales llegaba al 30% a inicios de este año.

En el artículo COVID-19 y prisiones: Una bomba de tiempo anunciada, el experto Jesús Solís advertía que en el caso de La Reforma 60 personas permanecen hacinadas en un campo planeado para 40. Mientras que en la cárcel de Puntarenas los dormitorios con capacidad para 40 reclusos reciben hasta 73.

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