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Condenan a alcaldesa y policía de Tarrazú por sacar a indigentes del cantón

El pasado 9 de julio tres hombres en condición de calle viajaron de San José a Tarrazú para trabajar como…

Por Tomás Gómez

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Condenan a alcaldesa y policía de Tarrazú por sacar a indigentes del cantón
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El pasado 9 de julio tres hombres en condición de calle viajaron de San José a Tarrazú para trabajar como recolectores de café, pero dado que la temporada no ha iniciado las autoridades locales los expulsaron de la zona.

La situación escaló incluso a la Sala Constitucional que declaró por unanimidad que se había violado la libertad de tránsito y la dignidad de los afectados, que fueron sacados de la localidad incluso con escolta policial.

De acuerdo con los hechos probados por el Tribunal, la alcaldesa de la zona, Ana Lorena Rovira, compró los tiquetes de autobús para que los hombres volvieran a la capital.

Una vez subidos al bus, los asientos de estos pasajeros fueron rodeados con una cinta amarilla para separarlos del resto de los pasajeros, además que coordinar que tanto Fuerza Pública como Policía de Tránsito escoltaran la unidad hasta llegar a El Empalme.

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“No se encuentra razón que justificara que las autoridades de Tránsito y las de la Fuerza Pública desplegaran un operativo para asegurarse la salida de estas personas del territorio del cantón”, indicó el alto tribunal.

Sobre las disposiciones para el traslado de los afectados se consideró que “no había motivo alguno para tomar esta medida que tuvo como efecto segregar a los tutelados y, por ello, fue un acto de marginación, lesivo de la dignidad humana”.

Ante esto, la Sala ordenó a la alcadesa Rovira, al jefe policial de la zona Evelio Quirós y el encargado del destacamento de la Policía de Tránsito, Carlos Arias, abstenerse de repetir actos similares, bajo la advertencia de que el incumplimiento puede penarse hasta con dos años de prisión.

Por su parte, la Municipalidad de Tarrazú y el Estado deberán pagar los daños y perjuicios de la expulsión, cuyo monto de definirá en la vía contencioso administrativa.

En la votación participaron los magistrados Fernando Castillo, Fernando Cruz, Paul Rueda, Nancy Hernández, Luis Fernando Salazar, Jorge Araya y Anamari Garro.

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