Hermes Solano
En la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa se presentó una moción para llamar a comparecer al embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, y que expliqué su “colaboración” en lo que que la diputada del partido Unidad Social Cristiana Vanessa Castro denunció como afectación en el ámbito profesional.
La semana anterior, Castro le dijo al diario La Nación que Abarca, exdiputado del PUSC, ayudó al presidente Rodrigo Chaves a contactar a las autoridades de una empresa multinacional.
Esa organización decidió terminar una relación laboral de años que tenía con la actual legisladora.
Ante esto, el diputado del PLN Francisco Nicolás presentó la moción ante el órgano legislativo.
“Es un tema que amerita investigarse. Lo peor que le puede pasar a una democracia es que sus gobernantes rebasen los límites de contención”, justificó el liberacionista.
Al final, este lunes no se pudo votar la enmienda debido a que la diputada Castro decidió salirse de la sesión y se rompió el quórum mínimo de reglamento.
“Lo que quisiera indicarles es que siendo una moción donde estoy involucrada, preferiría no estar presente cuando se vote, me parece que no corresponde”, indicó la socialcristiana.
En el momento en que se iba a votar la propuesta, no estaban los congresistas Ada Acuña, Fabricio Alvarado, Carolina Delgado y Sofía Guillén -quienes tenían permiso- por lo que se rompió el quórum.
El trámite queda pendiente para la siguiente sesión del órgano legislativo.
Denuncia
La socialcristiana Vanessa Castro, aseguró el jueves que el Gobierno la vetó en su aspiración de presidir la Asamblea Legislativa y recordó la vez que, dijo, desde Casa Presidencial hubo presiones hacia una empresa para que la despidiera como abogada externa.
“Doña Pilar (Cisneros) fue la que comunicó el tema, entonces tiene que venir del Gobierno”, indicó, al señalar que “el Gobierno me volvió a vetar”.
“Esta diputada está tremendamente comprometida con su función; lo que se tenía que hacer contra mí, se hizo, pero estoy aquí y sigo levantando la cabeza y hablando fuertemente”, afirmó en junio del año anterior, cuando dio a conocer que la habían perjudicado.
Ante esto, la dirigencia del PUSC reconoció saber del tema desde hace un año, pero lo condenó hasta el pasado sábado.
“El Comité Ejecutivo Nacional del PUSC repudia el acto de intimidación, que trascendió en distintos medios, en contra de la diputada Vanessa Castro, en el cual el presidente Rodrigo Chaves, presuntamente, intervino para que una empresa rompiese su relación de servicios profesionales con doña Vanessa”, indicó el partido a través de un comunicado de prensa.
“El CEN acompañó y apoyó a la diputada, desde hace un año, cuando fue informado de la situación. Sin embargo, en su momento, doña Vanessa solicitó discreción, por considerarlo un tema de ámbito personal, por lo que el CEN no hizo un pronunciamiento al respecto”, añadió.
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