Los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico aprobaron darle más recursos al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el proyecto de ley 23.973.
Se trata de la “Ley para la eficiencia y transparencia presupuestaria del impuesto a personas jurídicas para fortalecer los recursos dirigidos al sector seguridad”.
La iniciativa se dictaminó de manera positiva y ya está en la agenda del Plenario; sin embargo, se le presentaron mociones 137, por lo que volvió a la comisión para la discusión y votación.
El proyecto original pretendía otorgarle el 90% de los recursos al Ministerio de Seguridad Pública; un 5% al OIJ y el otro 5% al Ministerio de Justicia.
Esos porcentajes se variaron a través de la moción, que contó con la firma de diputados de la mayoría de las fracciones.
Con 7 votos a favor se aprobó darle el 75% de los recursos de los impuestos a personas jurídicas a Seguridad y se aumentaron los recursos para la policía judicial, pasando de un 5% a un 15%.
También se aumentó el porcentaje para Justicia, que recibiría el 10% de los recursos.
Los diputados del oficialismo, Alexander Barrantes y Jorge Rojas votaron en contra. Adujeron que la Sala Constitucional se lo podría traer abajo al considerarlo inconexo.
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Combatir el crimen
El dinero se utilizará para la atención del crimen organizado y no para otras situaciones, según queda en claro en el texto del proyecto de ley.
“Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país”, señala la propuesta.
Los dineros provenientes del impuesto a las personas jurídicas deberán presupuestarse cada año para cada una de las instituciones beneficiarias.
Tanto el Ministerio de Seguridad, el OIJ y el Ministerio de Justicia deberán presentar un informe anual, al cierre del año presupuestario, con el detalle de los gastos y las inversiones realizadas con los recursos provenientes de este impuesto.
Lo deben hacer ante las Comisiones Permanentes Especiales de Seguridad y Narcotráfico, y de Control de Ingreso y del Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.