Manuel Sancho
En junio del 2017, miles en Costa Rica se unieron a sonreír y aplaudir junto a sus mascotas, por la firma de un fortalecimiento de la normativa que castiga el maltrato animal. Con orgullo, Luis Guillermo Solís estampó la firma al decreto legislativo 9458. Se reformaron artículos de la ley 4573 del Código Penal y la 7451 de Bienestar Animal. La normativa aumentó las multas y creó penas de cárcel para quienes agredan a un animal doméstico.
El endurecimiento de las penas buscó generar más consciencia en los ciudadanos; desincentivar agresiones; y fomentar a que las personas denunciaran. Sin embargo los recursos para perseguir el delito siguen estancados en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cuerpo policial que recibe denuncias y debe investigarlas.
Los casos manejados por la entidad se dispararon desde hace dos años, creciendo casi cuatro veces. Los agentes pasaron de tener 51 investigaciones abiertas a 194 en el 2019.
OBSERVE MÁS: Primer juicio por maltrato animal dio inicio este lunes en Atenas
A finales del 2018, en un oficio formal, el director del OIJ, Wálter Espinoza, comunicó a la Fiscalía General que estaba imposibilitado de investigar lo determinado por la Ley, ante la falta de recursos, materiales y humanos. Desde antes de la aprobación de la normativa, la institución hizo el llamado de alerta. Dos años después, la postura se mantiene en una línea similar.
Espinoza reiteró que la Ley implicaba un cambio de paradigma, pues trabajan con un enfoque de víctima-ser humano, y no para otros seres animales. “Era absolutamente necesario que dotaran al Organismo de medios, insumos, infraestructura y condiciones, que le permitiera afrontar de manera adecuada la delincuencia que se estaba regulando, que era novedosa”, recordó Espinoza.
A pesar de las múltiples solicitudes de presupuestos y recursos adicionales, el OIJ no ingresó herramientas frescas. El Director reprochó la falta de laboratorios, vehículos, posibilidades para hacer necropsias (autopsias) entre otras.
Agosto del 2019 ha sido el mes con más denuncias por maltrato animal. (OIJ)
OBSERVE MÁS: Senasa pide a romeros que no lleven mascotas a su recorrido
Alianzas insuficientes y sin recursos
En junio del 2017, el entonces presidente Luis Guillermo Solís y otras autoridades participaron de la firma. (Presidencia)
En noviembre pasado, funcionarios del OIJ recibieron capacitaciones, en el primer Seminario de Patología Veterinaria Forense. Se realizó en alianza con la Escuela San Francisco de Asís de la Universidad Veritas en Coronado y organización de la Asociación Humane Society International-Latinoamérica. Se contó con el veterinario forense Julio César Aguirre, pionero en Colombia en este campo.
Esa Universidad colabora con necropsias, aunque no hay un convenio firmado. También hay relación con la Universidad Nacional (UNA). Además el Organismo trabaja con el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Pero sigue sin existir una unidad con las pericias del campo.
La situación es más o menos la misma que teníamos cuando se promulgó la Ley, con el problema que hemos tenido que atender los casos, sin contar con medios, sin contar con recursos, sin tener capacitación, sin tener más presupuesto y sin tener condiciones básicas que pudiesen servir para que la legislación sea más fuerte desde la perspectiva de aplicación e investigación.
Wálter Espinoza – Director OIJ
El Director del OIJ fue enfático en que si bien incorporan nuevas partidas como presupuesto adicional, que incluso pasan el aval de la Corte Suprema de Justicia, son rechazadas en el Ministerio de Hacienda. Por eso, el presupuesto del Organismo no ha variado. “No tenemos más plazas, no tenemos más vehículos, no tenemos más infraestructura”, concluyó.
OBSERVE MÁS: Veterinarios se capacitarán en medicina forense para enfrentar casos de crueldad animal
La ley define distintas categorías de animales, como silvestres, productivos, de trabajo, mascotas, de exhibición, y utilizados en deportes o espectáculos públicos. Igualmente regula ámbitos como la experimentación en animales y las condiciones de albergues y fondos municipales.
Según los datos del OIJ las denuncias se concentran por muertes de animales, maltrato, crueldad y peleas.
OBSERVE MÁS: Vecino de Pococí es investigado por arrastrar un perro amarrado a su bicimoto
Juicio sin resultados
En julio, no hubo culpables penados por el maltrato de Campeón. (Paula Umaña/El Observador)
El viernes 26 de julio, finalizó el primer juicio por maltrato animal en Costa Rica. En los Tribunales de Justicia de Atenas, en Alajuela, el juez Mario Rodríguez absolvió a una mujer de apellidos González Oconitrillo. Se le acusó de causar graves laceraciones en el cuello a un perro – Campeón – tras supuestamente amarrarle un cordón de zapatos.
Dora Castro, presidenta de la Fundación Ateniense de Animales Abandonados que realizó el acompañamiento legal en el caso, aseguró que sí hubo suficientes pruebas para determinar la agresión del can. Sin embargo testigos claves eran hermanos de la imputada y se negaron a testificar.
Para la activista se debe reformar la ley, para dar más recursos a instituciones como Senasa. Además urgió a que los partidos políticos incluyan acciones concretas para perseguir el maltrato animal en sus planes de gobierno.
OBSERVE MÁS: Tribunal absuelve a mujer acusada de maltrato animal
Manuel Sancho
