AFP
Militares salvadoreños ignoraron una determinación de la Corte Suprema que avaló la búsqueda de pruebas sobre la masacre de El Mozote de 1981. La entidad castrense impidió este martes, por tercera vez, que un juez buscara tales evidencias en una base militar.
“Estas son órdenes del presidente (Nayib) Bukele, del ministro (de Defensa, René) Merino Monroy, de impedir esta diligencia judicial de investigación en una base militar”. Así lo denunció el abogado David Morales. El letrado labora con la organización Cristosal, que defiende a víctimas de la masacre de El Mozote.
El juez Jorge Guzmán, de la localidad nororiental de San Francisco Gotera, acudió este martes a la base de la Segunda Brigada de la Fuerza Aérea (44 kms al sureste de San Salvador). Llegó con el propósito de acceder al archivo de esa guarnición, pero le fue negado el paso.
Esto, pese a que el lunes la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema declaró improcedente un recurso del Ministerio de Defensa. Los militares pretendían detener las inspecciones en los archivos militares.
La Sala determinó que “no se advierte” de qué manera la exhibición de archivos relacionados con la masacre ponga en riesgo la seguridad del Estado. El objeto del proceso penal “es la búsqueda de la verdad” sobre la masacre de los militares.
Explicación militar
El capitán Carlos Escobar explicó este martes al juez -según la conversación entre ambos transmitida por medios locales- que el impedimento de ingresar a la base era porque esta fue creada en 1986, posterior a la masacre, por lo cual sus archivos no contienen documentación sobre el caso.
Escobar también alegó ante el juez Guzmán que no podía darle acceso porque en el lugar se resguarda información secreta “protegida” por la Constitución.
Ante ello, el juez recordó que “es una obligación de la Fuerza Armada” acatar las disposiciones judiciales.
“En este país no hay una institución que sea un suprapoder que esté encima de todos los demás, al grado que no pueda someterse a las resoluciones judiciales”, le reclamó el juez al militar, que escuchó impávido.
Sin acceso
El pasado 21 de setiembre el juez no pudo acceder a los archivos del Estado Mayor de la Fuerza Armada, y el 12 de octubre se le impidió ingresar a los archivos de la Fuerza Aérea en San Salvador.
Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados del ahora proscrito Batallón Atlacatl del Ejército ejecutaron a 986 personas, entre ellas 558 niños, en El Mozote y comunidades adyacentes por sospechas de que colaboraban con la entonces guerrilla izquierdista.
