Josué Alvarado
Horas después de que diputados de cuatro fracciones legislativas se pronunciaran a favor de la destitución del presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Roger Madrigal, por la forma en la que solicitó datos de ahorrantes y deudores al sistema financiero, la Autoridad Monetaria cambió en su narrativa el motivo por el cual solicitó esa información.
Durante los últimos meses las autoridades del banco habían explicado que se debía a la construcción de un indicador climático y que fue un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para medir el riesgo al que estaba expuesta la cartera de crédito de Costa Rica en caso de eventos hidrológicos como inundaciones o sequías, entre otros.
Sin embargo, la noche del jueves 18 de abril , el Banco varió su explicación sobre el motivo. La entidad ahora sostiene que en este contexto su objetivo es asegurarse de que los ahorros de las personas no vayan a sufrir un menoscabo por un mal manejo del riesgo en el sistema financiero nacional, pero ligado al sobreendeudamiento.
Por eso, según el banco “la única forma de validar que el sistema financiero no está generando sobreendeudamiento en las personas es a través de la determinación de la deuda total que un usuario tiene”.
“Por ello, es necesaria la información de deudores, codeudores, fiadores. Ya se han visto experiencias a nivel mundial, tal como la crisis financiera global del 2008, donde la falta de claridad con respecto a las concentraciones de riesgo que estaban acumulando las instituciones financieras y los vínculos entre los diferentes sectores, provocaron que los supervisores no se dieran cuenta, hasta que ya fue muy tarde, que los niveles de capitalización de los bancos eran insuficientes para atender los riesgos que estas entidades estaban tomando”, dice un comunicado de prensa enviado la tarde de este jueves.
“Las crisis no afectan solo a las entidades financieras sino a la economía como un todo y, por lo tanto, a los residentes en el país. Esto hace que el tema sea importante para el BCCR”, añadió la Autoridad Bancaria.
“Pérdida de confianza”
El mismo jueves, unas horas antes de que el Central emitiera el comunicado, diputados de cuatro fracciones legislativas habían votado positivamente un informe que recomienda al mandatario, Rodrigo Chaves, destituir al presidente del BCCR, Roger Madrigal.
El informe se votó en la Comisión de Ingreso y Gasto Público y ahora pasará al Plenario, donde se volverá a votar.
La recomendación se basa en que las recientes actuaciones de Madrigal pone en duda la credibilidad de la institución y generan un impacto significativo en la estabilidad económica del país, según el criterio de los legisladores que apoyaron el informe.
Las críticas de la mayoría de diputados no son solo por haber pedido la información de los costarricenses, sino también por haber denunciado a la superintendente general de entidades financieras, Rocío Aguilar, por haberse negado a entregar esta información al banco.
Debido a la denuncia que se interpuso contra Aguilar, los diputados consideran que el BCCR tomó decisiones “precipitadas y temerarias para obtener la información”.
Banco Central insiste en que actuó apegado a la ley
En el comunicado de prensa la entidad mantiene la misma posición de los últimos meses: cuenta con el aval de la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar la información. El informe final de los diputados considera que la PGR se limitó a analizar si el BCCR tenía acceso a datos crediticios, a lo cual le dio la razón.
Pero el abogado del Estado no revisó si también tenía acceso irrestricto y sin previo consentimiento para otros datos como:
- Salarios
- Declaraciones tributarias
- Saldos de cuentas bancarias
- Tipo de ocupación
- Lugar de trabajo
- Aportes al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROPC)
- Aportes al Fondo de Capitalización Laboral (FCL)
- Deudas
- Capacidad de pago
- Historial de comportamiento de pago
- Categoría de riesgo
- Niveles de morosidad
- Saldos en cuentas bancarias
Pero el banco sostiene que la solicitud de datos que se hizo encuentra asidero legal en la Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales, principalmente en la línea de que no necesitaba consentimiento expreso de los deudores y ahorrantes para obtener y manipular su información.
“La información de crédito es información privada de interés público y no es información sensible y esto ha sido ratificado tanto por la PGR como por el Ministerio Público”, reaccionó la entidad tras la votación legislativa que le desfavorece.
“El Banco Central ha desplegado esfuerzos continuos para evaluar con precisión los riegos del sistema financiero, salvaguardando tanto los fondos de los ahorrantes, así como la estabilidad de la economía costarricense”, añadió.
Falta de indicador no obstaculizó el crédito con el FMI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) modificó el acuerdo que tenía con Costa Rica sobre la construcción de un indicador de riesgo climático, cuyo objetivo siempre fue medir el impacto que tendría un evento hidrológico sobre la cartera de crédito.
Es decir, el organismo cambió la meta que el país debía de alcanzar.
Inicialmente el Banco Central de Costa Rica (BCCR) debía de construir dicho indicador y tenerlo publicado para esta última visita del fondo. Pero en diciembre del 2023 el FMI aprobó una reforma en el sentido de que solo se tenía que publicar la metodología que se usará para construir el indicador.
OBSERVE MÁS: FMI modificó el acuerdo con Costa Rica sobre indicador de riesgo climático para poder hacer el próximo desembolso
Debido a que el país alcanzó esa meta y otras que se había planteado en conjunto con el fondo, el organismo internacional aprobó el último desembolso del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) por la suma de $240 millones. Así lo decidió una misión del FMI que visitó Costa Rica días atrás. La decisión final la tomará el Directorio Ejecutivo en Washington.
