Marco Marín
La historia de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense S.A. (Soresco) agregó un nuevo capítulo a una ruinosa relación, este jueves. Las autoridades anunciaron que el Tribunal Arbitral de la Cámara de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA, por sus siglas en inglés, acordó la disolución de la empresa conjunta hecha por Costa Rica y China.
El arbitraje decidió que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y la Compañía Nacional de Petróleo China Internacional (Cnpci) deben tomar las acciones necesarias para liquidar Soresco.
Además la decisión establece que:
- Se declara como finalizado el contrato en ambas partes
- Rechaza toda intención de indemnización para cualquiera de las partes.
- El pago del proceso debe ser asumido por partes iguales
El laudo arbitral fue oficialmente notificado a las partes el pasado lunes 28 de octubre. La Corte de la CCI fijó en $880.000 los costos del proceso. Ahora Recope deberá pagar $440.000, misma cifra que deberá gastar Cnpci.
El presidente de Recope, Alejandro Muñoz, afirmó que los detalles más puntuales del acuerdo no se pueden revelar, por una cláusula de confidencialidad establecida por la LCIA.
Entre la información que sí se pudo conocer, Muñoz dijo que aún quedan $36,2 millones dentro de las arcas de la empresa. Del monto $3 millones se habrían recuperado gracias a los intereses logrados. En total, la empresa tenía un presupuesto de $100 millones. China y Costa Rica aportaron por partes iguales.
El jerarca de Recope agregó que ahora una figura establecida por el ente londinense, será la encargada de llevar a cabo la liquidación de activos y pago de deudas.
La asesora jurídica de Recope, María Fernanda Roldán, explicó que para lograr la disolución de la empresa se requiere del acuerdo de los socios, algo que no se había logrado pese a que se hicieron intentos.
“La única alternativa, al no existir arreglo, era que existiera una orden judicial o arbitral que nos permitiera proceder de esa manera. ¿Cuáles son las fases subsiguientes? Es necesario convocar a una asamblea de accionistas donde se tome un acuerdo de disolución”, explicó Roldán.
Más de una década de cuestionamientos
El proyecto de crear una refinería conjunta nació en el 2007. El entonces presidente de la República, Oscar Arias, entabló relaciones comerciales con el gigante asiático y comenzó la fallida aventura para la nueva refinería que nunca vio la luz y solo significó gastos para Costa Rica.
Soresco se fundó como una propiedad de ambas naciones y a la cual se le dio un presupuesto de $100 millones.
Aunque Árias y su sucesora Laura Chinchilla defendieron a ultranza el plan, el tanque de gasolina del proyecto comenzó a quedarse sin combustible en el 2013. La Contraloría General de la República señaló en dos ocasiones, irregularidades en los estudios de factibilidad.
Para esos estudios previos, Soresco contrató a una filial de la compañía madre de la petrolera asiática. En julio del 2014 la Fiscalía abrió una investigación que se mantiene en proceso.
Hoy Muñoz aseguró que no se podían referir, porque Recope no figura como imputado. Solo dijo que han colaborado.
Soresco paralizado pero gastando
En el 2016, la contralora Marta Acosta aseguró durante una comparecencia en la Asamblea Legislativa que el problema no se podía solucionar en una fase tan avanzada del proyecto.
Desde el 21 de julio de 2017, Cnpci interpuso ante la Cámara una demanda arbitral en contra de Recope. Los chinos exigieron que se continuara con la ejecución del Proyecto de Ampliación y Modernización de la Refinería de Moín.
La cláusula 12.11 del Acuerdo de Empresa Conjunta establecía que las controversias suscitadas con ocasión de la ejecución de ese acuerdo debían resolverse por medio de un arbitraje conducido de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la CCI, en idioma inglés y con sede en Londres, Inglaterra.
Las audiencias del proceso arbitral se celebraron en marzo del 2019 en la capital inglesa. Según las autoridades se procederá “en breve” con el trámite oficial para el reconocimiento del laudo arbitral en el país y su ejecución.
Más de 10 años después y tras haber gastado casi el 66% de su presupuesto total, parece ser que Soresco tiene sus días contados. Mientras tanto, la planilla de ocho funcionarios que cuesta $349.000 por año, deberá esperar a esa ultima junta de accionistas.
Marco Marín
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