Paulo Villalobos
El juicio contra el alcalde de San José, Johnny Araya, el exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscala Berenice Smith, fue suspendido este miércoles. Las jueces acogieron una solicitud de Smith, quien presentó un dictamen con una “condición psiquiátrica y psicológica”.
Ahora el debate se reprogramó para la mayor prontitud posible, sin decir fecha exacta. Según las autoridades se busca cumplir las recomendaciones que hizo el Complejo de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al dar un espacio de un mes para la recuperación de la encartada.
El abogado de Smith, Federico Campos, explicó ante consulta de El Observador que la defensa se reservaría la enfermedad que padece la exfuncionaria por tratarse de un asunto privado.
El debate estaba programado para las 8:00 a.m, aunque el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública no arribó sino hasta las 8:30 a.m.
A su llegada, el juez Yanán Chacón dio a conocer que este martes, Smith y sus defensores presentaron un dictamen pericial psiquiátrico, en el que pidieron la suspensión de la audiencia por enfermedad.
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Juez sin competencia
Berenice Smith no reveló qué enfermedad padece. (Paulo Villalobos/El Observador)
Pero inmediatamente después la Fiscalía General, representada por José Pablo Miranda, gestionó de previo una actividad procesal defectuosa, una gestión de reclamo con respecto a cómo se hizo el proceso.
Esto al considerar que existía un vicio, pues el Tribunal Penal se constituyó de forma unipersonal y no colegiada.
A criterio de Miranda, esta situación eventualmente podría convertirse en un problema, porque si el delito en cuestión requiere de un castigo de más de cinco años de cárcel, el juzgador no tendría competencia para imponer la pena, según lo dispone el Código Penal Procesal y la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Para el tráfico de influencias, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública dispone en su artículo 52 de una sanción de entre dos y cinco años.
Sin embargo la norma también prevé un versión agravada, que eleva en un tercio los extremos de la pena “cuando la influencia provenga (…) del superior jerárquico de quien debe resolver”. Ese último escenario ameritaría la conformación de un tribunal con tres decisores y no uno, de acuerdo con la argumentación de Miranda.
La medida tomada por el Ministerio Público y la Procuraduría fue criticada por los defensores de los imputados.
Natalia Gamboa, hermana y defensora de Celso Gamboa, explicó que la Fiscalía conocía de previo la conformación del Tribunal Penal, sin que existiese problema previo. En ese mismo sentido se manifestaron Alfonso Ruiz y Federico Campos, los juristas de Araya y Smith, respectivamente.
No obstante lo anterior, el juez resolvió acoger la actividad procesal defectuosa y procedió a solicitar una integración colegiada, para que el debate continuar. Se reanudó a eso de las 10:40 a.m.
En ese momento, Chacón regresó junto a las juezas Mercedes Muños e Ivannia Delgado para discutir el dictamen médico presentado por Smith.
El Tribunal Penal pidió a alrededor de una docena de medios de comunicación y demás público presente abandonar la sala para proceder con la audiencia de la incapacidad.
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Nombre eliminado
Araya se mostró confiado en el inicio del juicio. (Paulo Villalobos/El Observador)
El caso en cuestión se abrió en noviembre de 2017, cuando el diario La Nación reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) eliminó el nombre del alcalde Araya, de un expediente judicial en el que figuraba.
Lo anterior supuestamente ocurrió en diciembre de 2015, cuando el gobernador local aspiraba al cargo que actualmente ostenta. Hoy Araya lamentó la fecha del juicio, ante la cercanía de las elecciones municipales que se celebrarán en la primera semana de febrero.
En ese momento, el periódico pidió al órgano acusador del Estado corroborar si el jerarca municipal y los demás 604 candidatos a alcaldes tenían investigaciones abiertas. Araya aparecía como imputado junto a otras tres personas en la causa 12-00096-621-PE (de la que se borró el nombre), pero fue sobreseído en julio de 2016.
Reiteradamente el alcalde ha asegurado que quien lo denunció, se retractó y luego aclaró que él en realidad era un testigo del caso.
Las presuntas irregularidades en la causa las denunció la jefa de prensa del Ministerio Público, Tatiana Vargas, ante el Tribunal de la Inspección Judicial.
De acuerdo con la periodista, en la aparente gestión para favorecer al alcalde participaron el entonces fiscal adjunto, Celso Gamboa, el asistente de la Fiscalía General, Justo Pastor López, y la otrora fiscala adjunta de Probidad, Berenice Smith.
Gamboa calificó de normal el debate en torno a elementos procesales.
Paulo Villalobos
