Paulo Villalobos
La estatal venezolana Aluminios Nacionales S.A. (Alunasa) rechazó que sea intermediador de una supuesta legitimación de capitales que, según el medio español ABC, el régimen de Nicolás Maduro llevó a cabo en Costa Rica.
Mediante un comunicado de prensa, la compañía calificó como “falsas y tendenciosas” las revelaciones del sitio de noticias español, que se basan en una presunta investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según reportajes publicados esta semana, Venezuela movió en el territorio nacional dineros provenientes de los carteles de droga mexicanos. ABC publicó que los fondos llegaban en efectivo y eran introducidos al sistema financiero a través de las cuentas de Alunasa.
El dinero llegaba camuflado en embarques de alimentos para el programa de bolsas de comida de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Para esto, Venezuela habría usado la cadena de El Sardinero Es Servicio S.A., empresa sancionada durante la administración del expresidente mexicano Enrique Peña.
Posteriormente el dinero sería transferido a cuentas de los dirigentes chavistas Diosdado Cabello y Tarek el Aissami, en bancos rusos. Otra parte se mantenía en efectivo y era trasegada hacia Sudamérica.
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Desmienten publicación
Este miércoles, Alunasa negó que tenga una terminal portuaria en el país, versión que coincide con la expuesta el martes por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
La empresa venezolana rechazó que:
- Existan registros aduaneros en Costa Rica, de cargas con comida procedentes de México
- Figure como consignataria de embarques procedentes de esa nación
- Recibiera o depositara dinero en efectivo por sus transacciones
- Sostenga negocios con la empresa El Sardinero Es Servicio S.A.
- Tramitara pagos a oficiales públicos venezolanos o transferencias a cuentas en Rusia
- Tenga vinculaciones con el programa de bolsas de comida
- Fabrica o exporte “lingotes de aluminio” con sustancias prohibidas
“La difusión de informaciones erróneas, como la originada en la publicación del diario español ABC, causa un grave perjuicio a Alunasa y a sus trabajadores, en tanto pone en riesgo su continuidad en la operación, por la afectación reputacional comercial y financiera”, concluye el escrito.
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Sin repercusiones
A pesar de la información de ABC, el Ministerio Público anunció que, por ahora, requiere de “indicios sustanciales” para iniciar una investigación.
Esa posibilidad la manifestó la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales ante una consulta de El Observador. No obstante, esa oficina estaría imposibilitada para dar detalles que pongan en riesgo las investigaciones.
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Además de la negación de la Casa Presidencial, el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) manifestó que para sancionar a Alunasa (beneficiaria del régimen de zonas francas desde el 1989), requiere primero de una sentencia de ilegalidad en las transacciones.
Los castigos a los que se expone la estatal venezolana incluyen multas por hasta 300 salarios base (¢133 millones), supresiones temporales o totales del régimen de zonas francas, entre otras.
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Hasta ahora, la única medida tomada contra la empresa es el cierre de cuentas que efectuó el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) en el 2018. Esto a raíz de otro informe del Gobierno de Estados Unidos.
Alunasa aseguró que esa decisión fue una “reacción habitual” del Banco, ante “el riego reputacional generado por una publicación con información falsa”.
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“En virtud de ello, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos, por medio de la oficina de control de activos extranjeros (OFAC), procedió a investigar los movimientos de la empresa.
Dicha investigación no arrojó ninguna acusación en contra de Alunasa, lo cual lo informó la misma OFAC mediante comunicación escrita”, establece el comunicado. Sin embargo no adjuntaron el documento.
Paulo Villalobos
