Paulo Villalobos
Tres funcionarios de distintas dependencias de la Municipalidad de Puntarenas advirtieron por escrito al alcalde Rándall Chavarría, que su orden de trasladar ¢10 millones a la Comisión de Festejos Populares del cantón, constituía una violación al Código Municipal, ya que no se contaba con contenido presupuestario.
Lejos de claudicar, el gobernador local insistió en que se hiciera cumplir su disposición.
Así consta en oficios del ayuntamiento, de acuerdo con la orden de allanamiento girada por el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José a solicitud de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), de la cual El Observador tiene copia.
El documento fue parcialmente leído durante el control político en la pasada sesión del Concejo Municipal, la tarde y noche del 4 de noviembre de 2019.
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La jueza Dayana Londoño avaló una serie de operativos judiciales en el cantón, realizados el 30 de octubre de 2019 en 11 sitios:
- Municipalidad de Puntarenas y su Auditoría Interna
- Secretaría del Concejo Municipal de Puntarenas
- Casas del alcalde Rándall Chavarría y la directora de Hacienda, Marny Chan; así como seis representantes de la Comisión de Festejos Populares de apellidos Ugarte, Vargas, Denés, Nole, Zamora y Elizondo
La Fiscalía investiga a ocho sujetos por aparente malversación de fondos públicos. El delito es castigado con entre 1 y 10 años de cárcel. La semana pasada el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al Alcalde. El Ministerio Público solicitó la suspensión de Chavarría del cargo por seis meses.
Sin embargo el Juzgado Penal de Puntarenas rechazó la petición e impuso a Chavarría la medida cautelar de no molestar ni contactar a testigos del caso. Un día más tarde el representante popular quedó libre.
Cronología de los hechos
En la justificación de la orden de allanamiento, se lee que haciéndose un “análisis del marco fáctico”, se cumple con que los hechos investigados constituyen delito en primer término. Según el análisis, el alcalde Rándall Chavarría “desvió caudales de fondos públicos mediante una arbitraria imposición”.
El gobernador local pidió la ejecución del acuerdo SM-018-2018 del Concejo Municipal de Puntarenas, para conceder de manera reembolsable ¢10 millones a la Comisión de Festejos Populares del cantón; a pesar de que sabía que no existía contenido presupuestario, además de que contravenía la normativa municipal.
Los encartados no devolvieron el dinero, la Municipalidad de Puntarenas sufrió un daño patrimonial, ya que el traslado que hizo pasó a ser una cuenta por cobrar; razona el documento.
El lunes pasado durante la sesión del Concejo Municipal, El Observador pidió a Chavarría referirse a sus actuaciones bajo investigación. Respondió que no daría declaraciones por cuanto la pesquisa está en curso. La tarde del pasado jueves, sí publicó un video con su posición en las redes sociales del municipio.
“Mi participación durante este proceso con la Comisión de los Carnavales fue única y exclusivamente cumplir con el acuerdo tomado por el Concejo Municipal. Quiero decirles que fue con el único fin de colaborar con los festejos populares que se llevaron a cabo en febrero de 2018, que todos pudimos disfrutar con el Gran Combo (agrupación de Puerto Rico)”, aseveró el Alcalde.
Cuestionamientos constantes
Rándall Chavarría es blanco de investigaciones desde hasta cuatro flancos distintos. La causa penal que se tramita bajo el numeral 18-000909-0431-PE también derivó en diligencias en la Municipalidad de Puntarenas, el 3 de diciembre de 2018.
El caso se relaciona con una presunta irregularidad en el balneario San Lucas Beach Club. En apariencia, el jerarca decidió no revocar la concesión de ese espacio, a pesar de que varias entidades estatales determinaron que la empresa beneficiada no cumple con los requisitos para ello.
Por ese expediente, el gobernador local fue suspendido 12 de diciembre de 2018. Dos meses más tarde, consiguió mediante una apelación que se le reinstalara en el puesto.
La Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene en la etapa de admisibilidad una solicitud de cancelación de credenciales como alcalde, formulada por el Concejo Municipal de Puntarenas. Se le investiga pues se negó a ejecutar un acuerdo de ese órgano, sobre el nombramiento interino de su secretaria.
El asunto se tramita en el expediente 030-D1-SE-2019. El TSE no puede emitir resoluciones, pues la Sala Constitucional estudia una acción presentada contra el reglamento que constituye la Sección Especializada.
La oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia confirmó a El Observador que contra Chavarría se siguen seis procesos en el Juzgado Laboral de Puntarenas.
El 15 de enero de 2019, el sitio de noticias AmeliaRueda.com dio a conocer que uno de los casos es por acoso laboral, mientras que tres son por inconformidades con despidos. De las otras dos no trascendieron detalles.
Chavarría también enfrenta una denuncia en la Procuraduría de la Ética Pública, por presunta presentación de un título de educación falso. Se tramita bajo el numeral DEP-214-2018.
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Paulo Villalobos
