Ajustes de gasto público ¿keynesianos?

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por Álvaro Ramos. Director académico Lead University

La situación fiscal de Costa Rica pre-COVID19 ya era compleja, sobre todo cuando se toman en cuenta compromisos y riesgos contingentes como las necesidades futuras del fondo de pensiones de la CCSS, el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Con COVID19 se agravó el déficit fiscal y se hicieron más urgentes los llamados a un proceso de consolidación fiscal. Estas discusiones de ajuste fiscal siempre tienen componentes políticos y técnicos.

Me quiero concentrar en una sutil distinción técnica que puede dimensionar mejor las decisiones políticas que se tomarán, por ejemplo, en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La receta keynesiana en una recesión no es, como a menudo se cree, mantener o aumentar el gasto público en todos sus rubros. Podemos sintetizar la dinámica macroeconómica keynesiana como que “su gasto es mi ingreso y mi gasto es su ingreso”. Si recorto el gasto del gobierno, recorto el ingreso de un proveedor que vendía los productos y servicios al gobierno, con lo que ese proveedor procede a gastar menos y se repite el ciclo de que a otros se les reducirán sus ingresos.

Por eso, en recesiones tradicionales, los economistas keynesianos dirán: en ninguna circunstancia recorte el gasto público, ya que eso agrava la recesión. El gasto público debe funcionar como un estabilizador de los ciclos naturales de consumo e inversión privados.

Paul Krugman[1] señala que la recesión COVID19 no es una recesión normal. Usa dos metáforas para identificar las diferencias: en primer lugar, COVID19 es un desastre natural, se asemeja más a un terremoto o huracán que destruye la capacidad de producir de una ciudad o región, lo cual lo distingue de una contracción espontánea de la demanda. En segundo lugar, el efecto económico de COVID19 es como un coma inducido, donde la reducción en oferta no fue originalmente inducida por contracciones de demanda, sino que la oferta fue artificialmente limitada o incluso prohibida en ciertos sectores económicos para frenar la transmisión del virus.

Así, el multiplicador de demanda tradicional keynesiano se cortocircuitó. Hoy, mi gasto privado ya no es el ingreso de un promotor de conciertos que no puede hacer los conciertos. Sin embargo, el promotor de conciertos sí tiene que reducir mucho sus gastos (porque no tiene cómo obtener ingresos) y eso sí puede repercutir en mis ingresos y por ende iniciar un ciclo de contracción de demanda privada. Esto es un choque de oferta keynesiano.

Con lo prolongado de los cierres, que aún continúan para muchos sectores económicos, más allá de la suspensión temporal de la oferta, lo que termina ocurriendo es la salida permanente de la firma o empresa (firm exit) y por lo tanto la destrucción permanente de capacidad productiva y empleos. Cuando se le permita operar de nuevo a esos sectores económicos, la recuperación de esos sectores y del PIB en general será más lenta que si se hubiera evitado la salida permanente de la empresa.

Ese es el corazón del argumento estabilizador de Keynes cuando proponía la expansión del gasto público durante recesiones, ya que dicha expansión tenía dos efectos: primero, mejorar el ingreso, durante la recesión, de los sectores que habían sufrido una contracción temporal de demanda privada por sus productos. Segundo, evitar la salida o quiebra permanente de las firmas durante la recesión, con lo que se preserva capacidad productiva durante la recesión. Una vez que la recesión concluye, la capacidad productiva que se preservó está lista para atender la demanda privada cuando ésta revive.

Esto simplifica el objetivo de la receta keynesiana, no es gasto público por hacerlo, sino que el gasto tiene el fin de generar ingresos privados y preservar capacidad productiva durante una recesión. Guerrieri et al (2020)[2] determinan que en COVID19 se dio un cortocircuito de la relación del gasto -en general- con el ingreso de otra persona. Por lo tanto, también se rompe la relación del gasto público tradicional con los ingresos percibidos por el sector privado que ha sufrido más directamente los cierres parciales o totales de la pandemia.

Las políticas económicas y sociales ante COVID19 deben procurar un nivel mínimo de consumo de las personas que no pueden trabajar durante la pandemia. Por eso, esquemas similares al bono Proteger deben ser apoyados. Se debe preservar la capacidad productiva, por ejemplo, impidiendo que las empresas quiebren por no poder sufragar su carga financiera. Por ello, el Banco Central debe mantener una política monetaria expansiva y se deben diseñar fondos que sostengan la capacidad de pagar los créditos financieros.  Afortunadamente, esto se está haciendo en Costa Rica, el BCCR ha asumido una responsable postura expansiva, y se está estudiando en la Asamblea Legislativa la propuesta llamada “Fondo de Avales” que permitiría sostener carteras crediticias afectadas por la pandemia.

¿Dónde está la dificultad para Costa Rica? En un mundo ideal, debimos llegar con solidez fiscal a esta crisis, con lo que se pudo haber financiado su atención con endeudamiento adicional y mínimos sacrificios durante la pandemia. Lamentablemente, no fue así. El espacio de endeudamiento adicional de Costa Rica es pequeño. Hay mucha presión de los acreedores y las agencias calificadoras de controlar el déficit fiscal, presión que se puede traducir en incrementos muy significativos del servicio de la deuda o, peor aún, en un sudden stop de capital (desaceleración repentina de los flujos de capital). Dadas las circunstancias y lo prioritario de financiar el bono Proteger, entre otras transferencias de asistencia social, y de buscar mecanismos para salvar la capacidad productiva del país, quedan dos mecanismos para reducir el déficit fiscal: reducción del gasto en planilla estatal y aumentar los impuestos.

Repensar nuestra estructura tributaria es esencial para preservar el pacto social en el largo plazo, pero claramente, si las empresas tienen contraídos sus ingresos por COVID19, no tendrán utilidades y no será posible recaudar mediante renta corporativa las sumas requeridas en este momento.

Otra de las conclusiones de Guerrieri et al es que el gasto público en la pandemia no puede ser indirecto, sino que debe reorientarse directamente de aquellos sectores que han podido mantener niveles razonablemente altos de ingresos hacia los sectores que han sufrido el colapso total o parcial de sus ingresos.

Por ello se deben contemplar ajustes temporales a los salarios menos afectados en la pandemia, sea mediante impuestos solidarios a los salarios, que tienen la virtud de tener una base más amplia, o mediante esquemas como la reducción de jornadas a los empleados públicos de altos ingresos, que se propuso hace unas semanas. Son medidas imperfectas y generan distorsiones no deseadas, pero el argumento keynesiano tradicional no funciona esta vez: simplemente no es cierto que un promotor de conciertos vaya a tener menos ingresos porque se le reduzca el ingreso a un funcionario público o asalariado que ha logrado mantener su ingreso. El promotor de conciertos tiene menos ingresos porque no tiene cómo trabajar. La prioridad debe ser ayudarle a esa persona directamente.

Sólo mediante este tipo de ajustes solidarios, donde los que han tenido mayor estabilidad en sus ingresos durante la pandemia colaboran con todos los demás, podremos mantener la capacidad productiva de Costa Rica, el bienestar social general y reconstruir con rapidez post-pandemia.

 

[1] Krugman, Paul. The Covid-19 Slump Has Arrived. 2 de abril, 2020. Disponible en https://www.nytimes.com/2020/04/02/opinion/coronavirus-economy-stimulus.html

[2] Guerrieri, Lorenzoni, Straub, Werning. Macroeconomic Implications of COVID-19: Can Negative Supply Shocks Cause Demand Shortages? Mimeo, 2 de abril, 2020. Disponible en: https://economics.mit.edu/files/19351


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