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A un año de la huelga contra el plan fiscal, empresarios reclaman: sindicatos antepusieron sus intereses sobre el país

La huelga de 89 días contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dejó al sector productivo como una…

Por Paulo Villalobos

Tiempo de Lectura: 3 minutos
A un año de la huelga contra el plan fiscal, empresarios reclaman: sindicatos antepusieron sus intereses sobre el país
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La huelga de 89 días contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas dejó al sector productivo como una de sus mayores víctimas.

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Representantes de los empresarios, consultados por El Observador.aún le reclaman a los sindicatos anteponer sus intereses por encima de Costa Rica.

Consideran que las organizaciones de trabajadores públicos se opusieron a cualquier reforma a sus remuneraciones o que implicara cambios en el sistema tributario; mediante manifestaciones que frustraron, por ejemplo, el traslado fluido de mercancías.

“Estos sindicatos y sus líderes defienden sus intereses, a veces sin concientizar el impacto de sus acciones. Siempre los hemos instado a anteponer el beneficio del país ante todo”, dijo el director ejecutivo de la Cámara de Comercio (CCCR), Alonso Elizondo.

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Un criterio similar sostuvo su homólogo de la Cámara de Industrias (CICR), Francisco Gamboa: “Se siente que algunos líderes sindicales no han puesto primero al país y no ha habido responsabilidad en el llamado a las huelgas”.

Defensa sindical

Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, defendió en todos los extremos las movilizaciones y aseguró que los mismos se extendieron tanto como la administración del presidente Carlos Alvarado lo quiso.

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“Nosotros estamos con la frente en alto. Estamos moralmente convencidos de que hicimos lo correcto; el tiempo nos está dando la razón. Era algo para nosotros necesario”, señaló el dirigente.

Diferentes asociaciones laborales protestaron entre el 10 de setiembre y el 7 de diciembre de 2018, en al menos en 53 instituciones del Estado, contra un proyecto de ley que modernizó dos de impuestos, actulizó el cálculo de las remuneraciones de los empleados públicos y estableció una regla de limite al gasto corriente.

Este medio intentó conocer las posturas de la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) así como de la Cámara de Exportadores (Cadexco); sin embargo, al cierre de esta publicación no fue posible obtener una respuesta.

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Las consultas a las partes se dieron en el marco de una pesquisa periodística que pretende abordar, desde diferentes perspectivas, el saldo de la manifestación más prolongada en la historia de Costa Rica.

Golpe a la economía

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) calculó que las protestas ocasionaron un impacto en la economía de ¢138.000 millones. Esto representa alrededor de un 0,7% del producto interno bruto (PIB).

No obstante, Francisco Gamboa, economista de profesión, recordó que ahí no se cuantificaron los efectos en la seguridad y confianza de la inversión.

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Las pérdidas en los comercios oscilan los ¢17.500 millones por cada semana de la huelga; de acuerdo con datos proporcionados por la cámara del sector.

Asimismo, trabajadores de esa actividad productiva cuyos salarios dependen de comisiones por ventas sufrieron una afectación de ¢3.000 millones por semana.

Las protestas son contempladas por los empresarios como uno de los motivos del mal momento que atraviesan ambos sectores.

“El comercio ha enfrentado una contracción continua desde mediados el año pasado que aún no se ha podido reversar. Dentro de las razones de esta contracción se encuentra la huelga del último cuatrimestre del 2018, dado que afectó directamente las ventas”, indicó Alonso Elizondo.

Gamboa por su lado dijo: “La confianza en la economía es clave para la reactivación y no puede haber confianza ante una amenaza constante de huelgas sin límites”.

Entre aciertos y vacíos

Los voceros de las cámaras de Industrias y Comercio, coincidieron en que el actuar del Gobierno de la República frente a las protestas fue el adecuado.

Eso sí, Francisco Gamboa y Alonso Elizondo resaltaron en que las medidas impulsadas por el Ejecutivo acabaron siendo insuficientes; pero que esto se debió a la falta de herramientas legales.

Ambos economistas aplauden la aprobación en primer debate del proyecto de Ley para brindar seguridad jurídica al derecho de huelga y sus procedimientos.

Asimismo, los empresarios se esperanzan de que pronto la propuesta supere el filtro de la Sala Constitucional, para que de inmediato regrese a la Asamblea Legislativa, donde se le podría dar el visto bueno definitivo.

Los sindicatos se oponen a la reforma y consideran que atenta contra sus posibilidades manifestarse. Por lo anterior, otorgaron al plan el apodo de “la ley mordaza”.

Dicha iniciativa propició nuevas protestas intermitentes a lo largo del 2019.

Tanto Gamboa como Elizondo externaron su preocupación con que una movilización de dimensiones similares se realice.

En cambio, el líder de la Asociación de Empleados, Albino Vargas, advierte que nuevos eventos podrían suscitarse debido al descontento social.

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