Tomás Gómez
Los nuevos espacios de la cárcel Luis Paulino Mora -en el Complejo La Reforma- cuyo uso se planificó para ubicar a presos condenados, a partir de hoy albergarán a las decenas de indiciados que se acumularon en las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), debido a una condena de la Sala Constitucional.
Se trata de 158 personas privadas de libertad quienes estarán en el espacio, informó el Ministerio de Justicia.
El conflicto surgió semanas atrás cuando el propio director del OIJ, Wálter Espinoza, recurrió al alto tribunal para que interviniera en la situación, pues los espacios de detención no cuentan con las características necesarias para estancias prolongadas y comenzaban a mostrar hacinamiento.
Los magistrados resolvieron entonces que las celdas judiciales podrán ser usadas por un máximo de 72 horas, luego de las cuales se hará necesario el traslado a unidades penitenciarias.
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En su defensa, el Ministerio de Justicia alegó en ese momento que continuaba recibiendo privados de libertad pero que los protocolos contra la COVID-19 estaban atrasando los procesos.
Al recibir a los nuevos detenidos, la institucion insistió en que la situación de la pandemia ha complicado las labores y justificó que el arribo complicará los proyectos que se tenían para desahogar otros espacios carcelarios sobrepoblados o con órdenes sanitarias, para lo cual se habían planificado las nuevas celdas.
“Tenemos una planificación con base no solo en las órdenes de cierre de los centros penitenciarios por parte de los Juzgados de Ejecución de la Pena, sino también en las órdenes sanitarias vigentes para los centros”, dijo la ministra Fiorella Salazar.
Prohibido recibir presos
La ocupación de diversas cárceles ha llevado a los jueces de ejecución de la pena a prohibir el ingreso de más personas en las cárceles de Liberia, Limón, San Sebastián, Pérez Zeledón y Cartago, así como en varios espacios de La Reforma.
Además, en medio de la pandemia se han girado órdenes de Salud en otros espacios como la Cárcel del Adulto Mayor, la Vilma Curling y Centro Juvenil Zurquí, lo que ha seguido reduciendo los espacios disponibles.
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“La situación del sistema penitenciario es realmente compleja. Enfrentamos no solo la pandemia, sino la acumulación de una serie de medidas judiciales que nos han limitado la capacidad de administrar el sistema según la competencia que por ley tenemos”, dijo la ministra Salazar.
Según explicó la institución, además, el problema se agrava pues desde el 2012 una sentencia de la Sala IV ordenó un tope del 20% para el hacinamiento.
