Paulo Villalobos
Un día después de que una mujer y dos hombres fueran capturados por dos supuestas estafas con un desarrollo habitacional en Barva de Heredia, el Ministerio Público recibió 13 nuevas denuncias, que se acumularon al expediente original.
El dato lo informó esta mañana la Fiscalía Adjunta de Heredia; 24 horas después de la detención de los imputados de apellidos García Campos (mujer), Vargas Calvo y Fernández Barquero. Los tres están a la espera de una audiencia en la que se solicitarán medidas cautelares en el Juzgado Penal de la localidad.
“Primero se trataba de dos víctimas, sin embargo, luego de la divulgación del caso, otras personas se presentaron a interponer la denuncia, por lo que ahora, en total, se tiene conocimiento de que existen al menos 15 afectados”, indicó el órgano acusador.
Las aprehensiones se dieron durante una serie de allanamientos dirigidos en las viviendas de los encartados, en Heredia y Grecia, Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó evidencias que puedan aportar al expediente 19-004386-0057-PE, en el que se persigue una supuesta estafa mayor.
Este delito es castigado con entre dos meses y 10 años de cárcel, que dependen del monto defraudado, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal.
OBSERVE MÁS: Detienen a tres personas por aparente estafa con proyecto de vivienda ficticio en Barva
Mampara
En apariencia desde el 2017, los imputados habrían ideado un plan con el fin de inducir en error a dos personas, a quienes les habrían hecho creer que representaban a un proyecto habitacional llamado Bosque de Laureles, en Barva, donde podrían adquirir una vivienda con pagos quincenales.
Se sospecha que los investigados les dijeron a las víctimas que lo único que tenían que hacer era asistir a reuniones quincenales y que debían cancelar un monto obligatorio de ¢5.000 y otros pagos que tendrían relación con los gustos de los ofendidos, que variaban con las casas que los “clientes” eligieran.
En apariencia, también les pedían dinero para cancelar el pago que exigirían las instituciones estatales para los distintos trámites.
Una de las víctimas interpuso la denuncia el 6 de setiembre del 2019, luego de que por medio de la Municipalidad de Barva, se diera cuenta que dicho proyecto no existía, y que los imputados no contaban con ningún permiso para esa actividad.
La mujer habría entregado aproximadamente ¢120.000 para los supuestos trámites, a parte del monto de las reuniones quincenales.
Otro ofendido se apersonó a denunciar el 23 de octubre, después de enterarse de que el proyecto no era real.
Esa otra víctima entregó una cifra aproximada de ¢425.000 para las gestiones.
Paulo Villalobos
