Los diputados aún no vuelven de vacaciones pero ya les espera un nuevo proyecto de ley, con el cual se pretende asegurar que los recursos provenientes de las contribuciones de las pensiones de lujo se dirijan específicamente a programas sociales.
Los ministros de Bienestar Social, Juan Luis Bermúdez, y Trabajo, Geannina Dinarte anunciaron la iniciativa este miércoles.
Según los jerarcas la meta es concentrarse en ayudas a la niñez y los adultos mayores, mediante la inyección de presupuesto a programas ya existentes como Crecemos, Avancemos, Hogares Conectados y el Régimen No Contributivo de Pensiones.
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Recursos frescos
La ley 9.796, firmada el año anterior, impuso recortes a las pensiones del Magisterio y Gobierno Central que superen ocho veces el salario más bajo pagado por la Administración Pública, un monto que ronda los ¢2,2 millones.
En el caso del Poder Judicial, las tasas se cobrarán a partir de los ¢2,6 millones.
La medida permitió pasar de 920 pensiones gravadas a 4.118. Además aumentó la recolección de ¢5.341 millones a ¢17.538 millones anuales.
La diferencia de ¢12.197 millones es precisamente la que ahora se pretende blindar para los proyectos sociales.
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¿Quiénes se beneficiarán?
Según el Ministro Bermúdez los nuevos recursos permitirían impactar a 42.000 hogares en condición de pobreza, que actualmente carecen de asistencia estatal.
El mapeo hecho por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) identificó a esas familias en las regiones Huetar Norte, Caribe, Brunca y Pacífico Central.
Sobre la exclusión vigente, Bermúdez alegó que se trata de grupos que no accedían a la información precisa para verse beneficiados.
“El enfoque que históricamente tuvo nuestra institucionalidad de esperar a la demanda de beneficios en ventanilla hoy está cambiando en favor de la búsqueda activa”, justificó.